La cultura del miedo y la legalización de la represión en Cuba

Según nuestro ya bien conocido presentador Humberto López, los medios de comunicación en Cuba tienen el deber y la responsabilidad de “sensibilizar” a la población cubana para así ayudarles en la “defensa de su Revolución”. Y estoy de acuerdo. El rol de los medios de comunicación, al menos en una sociedad democrática ideal, sería justamente ese, el de informar y educar a la población ciudadana. Pero una cosa es sensibilizar y otra bien distinta es crear una cultura del miedo haciendo uso de mecanismos propagandísticos que no hacen sino legalizar la represión en Cuba.


Hagamos un ejercicio crítico de lo expuesto por el presentador López, para así terminar la tarea que se propuso el presentador pero que en sí misma no realizó. Humberto nos trae a colación varios artículos del código penal y los usa para disuadir a aquellos que preparaban, según él, una “acción contrarrevolucionaria” por estos días. Estos artículos definen las sanciones que incurre una persona al cometer “delitos” de “desacato”, de “desobediencia” y de “resistencia”.


Según el artículo 144.1 del código penal, comete el delito de “desacato” todo aquel “que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”. El artículo 147.1 dicta que comete “desobediencia” todo “particular que desobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquellos dictadas en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”. Y por su parte, el artículo 143.1 afirma que “El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”.


Estimado Humberto, no soy abogado de estudio ni de profesión. Por lo tanto, no tengo mucho que decir sobre el código penal cubano. No obstante, después de su exposición en la televisión cubana, me han surgido algunas preguntas que le formulo para así matar la ignorancia que me acongoja por estos días en términos de justicia social en Cuba. Permítame primero introducir mis preguntas con el problema de fondo que las antecede.


En los años 1950, el investigador norteamericano Stanley Milgram – siento mucho tener que mezclar a los Estados Unidos (el enemigo) en todo esto – demostró, con ayuda del método científico y el control experimental, que nosotros los seres humanos, por una cuestión de educación, mejor dicho, de adoctrinamiento, hemos aprendido a no cuestionar la autoridad, ya sea por miedo a sanciones, por el gusto a las recompensas, o por puro convencimiento ideológico. Pero al final, mi querido Humberto, poco importa la fuente al origen de la legitimidad de una autoridad cualquiera, el problema es que los seres humanos podemos cometer los actos más atroces bajo el efecto hipnótico de las órdenes, incluso siendo conscientes de que esos actos van contra nuestros principios y valores. Recuerde usted que una República no se administra de la misma manera en que se administra un campamento de soldados.


Entonces Humberto, si el objetivo es sensibilizar a la población cubana sobre sus derechos ciudadanos, ¿por qué no nos sensibilizas y nos ayudas a determinar a partir de qué momento podemos nosotros, los cubanos miembros de la sociedad civil, desobedecer la autoridad de los funcionarios públicos, poco importa el puesto que ocupen en la jerarquía administrativa, que no actúen acorde a la ley y al ideal de justicia social al que aspira la sociedad cubana en su conjunto? ¿Acaso los cubanos no tenemos derecho a denunciar los abusos de poder que se puedan cometer en las instituciones cubanas y hacia los cubanos? ¿Por qué no nos hablas de justicia social en Cuba y de los artículos que necesitan ser modificados para realizar tales objetivos? ¿Por qué no nos hablas de esos otros artículos que reflejan nuestros derechos a manifestar nuestro desacuerdo, nuestra desobediencia y nuestra resistencia, hacia todas aquellas autoridades, sean individuales o institucionales, que consideramos abusivas en el ejercicio de sus funciones? Aunque no sea abogado, soy capaz de reconocer que lo legal no es siempre justo y que las leyes se enmiendan y se modifican, tal y como hacen nuestros líderes con la Constitución cada vez que se les antoja.


La sensibilización de la población cubana requiere de equilibrio en la presentación de los argumentos Humberto. De no hacerlo, se cae muy fácilmente en un ejercicio propagandístico cuyo objetivo es legalizar los mecanismos de represión de un régimen que teme ser responsable de sus propios desatinos y que desea desmantelar la disidencia interna a través del miedo que pueden provocar en el más común de los mortales las terribles consecuencias que encierra el código penal cubano. Y eso es abuso de poder desde su posición de autoridad como jurista y presentador, pues nadie mejor que usted sabe que la legitimidad de un gobierno jamás surge de la cultura del miedo ni de la impunidad de sus gobernantes. Cuando se llega a tales límites propagandísticos, se está reconociendo por omisión que el contrato social de la “Revolución cubana” se está desmoronando. Quizás es tiempo de dar paso a la “destrucción creadora” que reverbera en la sangre de las nuevas generaciones de cubanas y cubanos, esos Pinos Nuevos del siglo 21, antes de que sea demasiado tarde y usted se arrepienta de haber sembrado esa cultura del miedo en televisión nacional.


Por Rainer Ricardo

Foto extraída de 14 y Medio


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